LOGROÑO, 26 (EUROPA PRESS)
El diputado nacional del Partido Popular de La Rioja, Javier Merino, ha emplazado al PSOE y a Pedro Sánchez a que “dejen de podemizarse y se siente a debatir para que la reforma legislativa impulsada por el PP para acabar con la ocupación ilegal en España pueda salir adelante”.
“El fenómeno de la ocupación ilegal afecta a 120.000 propietarios en la actualidad en nuestro país, un verdadero problema que el PSOE niega siguiendo los postulados de PODEMOS y que bajo la presidencia de Sánchez ha aumentado un 40 por ciento”, ha añadido. En el caso de nuestra Comunidad, con 41 inmuebles ocupados, La Rioja fue en 2021 la región que registró un mayor incremento en la ocupación de viviendas, un 272 por ciento con respecto a 2019.
Merino ha realizado estas declaraciones en el transcurso de una rueda de prensa en la que ha presentado una Proposición de Ley del Grupo Popular registrada en el Congreso contra la ocupación ilegal, para la convivencia vecinal y la protección de la seguridad de personas y cosas en las comunidades de prioritarios.
“Lo que buscamos es frenar la ocupación ilegal y modificar la Ley para desalojar a los okupas en un plazo máximo de 24 horas; proponemos un endurecimiento de las penas de cárcel, así como medidas que aumenten la protección y la seguridad en las comunidades de propietarios”, ha sintetizado.
Con la reforma que plantea el Grupo Popular, el okupa no gozará de la protección de morada o domicilio frente a la actuación de los agentes, tras producirse la denuncia, y deberá desalojarlo voluntariamente en un plazo de 24 horas o acreditar que tiene un título que le permite ocupar esa vivienda (contrato de arrendamiento, por ejemplo). “Si se trata de flagrante delito, la autoridad o sus agentes procederán al desalojo inmediato”, ha subrayado.
Por otro lado, la iniciativa también propone reformar el Código Penal para castigar a las personas que con violencia o intimidación ocupen una cosa inmueble con penas, además de las incurridas por las violencias ejercidas, de uno a tres años de prisión, así como de seis a dieciocho meses para las personas que ocupen un inmueble sin la autorización debida y si se mantiene contra la voluntad de su titular. Además, se impondrán las penas superiores en grado si la ocupación ilegal dura más de 15 días. Unas penas que se agravan todavía más si ha sido promovida por redes mafiosas.
“Los datos evidencian que la Ley actual no garantiza en la actualidad instrumentos suficientes a los jueces para proceder al desalojo inmediato del ocupa ilegal”, ha señalado.
En línea con esta urgencia de actualizar el ordenamiento jurídico para proteger a los propietarios y garantizar la convivencia vecinal, el Grupo Popular plantea también modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que los delitos de allanamiento de morada y usurpación puedan resolverse mediante el procedimiento del juicio rápido. “Se plantea una reforma legal para para que los propietarios de una vivienda que se hayan visto privados de ella sin su consentimiento puedan agilizar el procedimiento para reclamar su recuperación”, ha señalado.
La proposición plantea también la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal para que, si el okupa desarrolla actividades prohibidas en los estatutos de la comunidad de vecinos, el presidente, previa autorización de la Junta, pueda iniciar acciones legales contra él y el juez podrá ordenar el lanzamiento inmediato y condenar al okupa a pagar daños y perjuicios.
El Grupo Popular propone, además, la modificación de la Ley de Bases de Régimen Local para evitar que una ocupación ilegal pueda dar lugar a la inscripción de los okupas en el padrón municipal ni obtener los beneficios que supone este trámite. Por último, pide reformar la legislación tributaria para que, al legítimo propietario, una vez haya resolución judicial firme, le sea devuelto el IBI y el Impuesto sobre Patrimonio abonados durante el periodo de ocupación.
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