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Aprobado el anteproyecto de Ley de Cambio Climático que incluye el registro de la huella de carbono o planes municipales

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LOGROÑO, 24 (EUROPA PRESS)

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el anteproyecto de la Ley de Cambio Climático, que ahora deberá pasar su trámite parlamentario hasta ser aprobada, y que incluye, entre otras cuestiones, un Registro de Huella de Carbono y Planes de Acción Municipales Contra el Cambio Climático.

El portavoz del Gobierno riojano, y consejero de Transición Ecológica, Alex Dorado, ha informado de la aprobación de una ley que prevé la creación de la Agencia Riojana de Transición Energética y Cambio Climático como órgano clave para planificar y acometer las actuaciones que plantea la Ley para cumplir los compromisos climáticos adoptados por España y la Unión Europea

Ha asegurado que “el proyecto de Ley es una herramienta para proteger nuestra economía, nuestros ecosistemas, nuestra salud y nuestro bienestar, pero también los de las generaciones venideras ante los retos que plantea la crisis climática”.

El proyecto ha superado su exposición y audiencia pública a interesados en el Portal de la Transparencia, ha sido expuesto al Consejo Asesor de Medio Ambiente y revisado por el Consejo Consultivo de La Rioja.

Obedece al requerimiento realizado por el Parlamento de La Rioja, que instó al Gobierno regional a declarar la emergencia climática y solicitó la elaboración de un proyecto de ley de cambio climático redactado en colaboración con las organizaciones ecologistas, agrarias, ganaderas y empresariales y cuyo resultado es el presente texto.

La Ley se propoone avanzar en la transición hacia un nuevo modelo energético y la descarbonización de la economía de La Rioja, lo que situará a la región, ha dicho, en la senda del cumplimiento de los compromisos climáticos adoptados por España y los objetivos marcados por la Unión Europea y a nivel internacional.

La ley pretende facilitar la descarbonización de la economía, la transición a un modelo circular, de modo que se garantice el uso racional y solidario de los recursos; y promover la adaptación a los impactos del cambio climático y la implantación de un modelo de desarrollo sostenible que genere empleo de calidad y contribuya a la reducción de las desigualdades.

En el ámbito de la gobernanza, la propuesta normativa delimita las competencias que tendrá la Agencia Riojana de Transición Energética y Cambio Climático a la hora de establecer mecanismos y medidas orientadas a dirigir al sistema social, económico y ambiental hacia la prevención, mitigación o adaptación a los riesgos del cambio climático. Por ello, la Agencia se convierte en el órgano clave del Gobierno de La Rioja para impulsar la actividad planificadora y la gestión de diversas actuaciones.

Entre ellas, se encargará de la elaboración de dos instrumentos de planificación clave. Por una parte, el Plan Riojano Integrado de Energía y Clima (PRIEC), como instrumento básico para promover la acción coordinada y coherente para mitigar las causas del cambio climático en La Rioja, entendiendo por mitigación la intervención de cualquier tipo tendente a reducir el impacto que la actividad humana tiene en el cambio del clima global mediante la emisión de gases de efecto invernadero.

Por otro, el Plan Riojano de Adaptación al Cambio Climático (PRACC) será la herramienta para impulsar medidas de ajuste al clima real o proyectado y sus efectos, que buscará moderar o evitar los daños ocasionados por el cambio climático y, en su caso, amortiguar sus efectos negativos sobre economía, sociedad y medio ambiente. Ambos instrumentos están actualmente en proceso de elaboración por parte del Gobierno de La Rioja.

Los Planes de Acción Municipales Contra el Cambio Climático son otra importante herramienta de planificación que contempla la nueva legislación.

Los ayuntamientos riojanos con una población superior a 10.000 habitantes deberán aprobar antes del año 2025 planes de acción contra el cambio climático específicos para su municipio que deberán ser coherentes con las acciones y objetivos de los planes de mitigación y adaptación autonómicos y nacionales y con el resto de planes sectoriales en cuanto les sean de obligado cumplimiento.

Además, se fijan metas para municipios de más de 20.000 habitantes en cuanto a movilidad sostenible y ciclista.

Asimismo, el texto plantea que la ambición climática alcance a áreas estratégicas como la ordenación del territorio y urbanismo, la biodiversidad, la energía, los residuos, la economía circular, el turismo y el transporte y movilidad, entre otros sectores en los que se deberán introducir las modificaciones oportunas para adecuarse a los planes de mitigación y adaptación al cambio climático.

La nueva norma plantea, como novedad, establecer la Comisión Interdepartamental contra el Cambio Climático, con funciones fundamentalmente de coordinación, que estará compuesta por todos los titulares de las direcciones generales del Gobierno de La Rioja con competencias en las materias consideradas estratégicas para la lucha y adaptación a la crisis climática.

Asimismo, la Agencia Riojana de Transición Energética y Cambio Climático (ARTECC) será la encargada de captar información relevante, gestionar los registros e inventarios y realizar las funciones referentes a la participación y divulgación.

Respecto a las medidas concretas de gestión, se crea el Registro de Huella de Carbono de La Rioja y el Inventario de Sumideros de Carbono de La Rioja, cuya gestión se atribuye a ARTECC; se establece la obligación de realizar auditorías energéticas del patrimonio autonómico, básicamente de los edificios de su titularidad y de las instalaciones; y se prevén inversiones en puntos de recarga eléctrica, pieza clave para la implantación de la movilidad baja en emisiones.

Además, se establece criterios de ahorro energético, la obligación de introducir criterios climáticos en materia de contratación; las administraciones públicas deberán contratar su suministro eléctrico con energía de origen certificado cien por cien renovable; se incorporan medidas y funciones de información, divulgación y canalización de la participación ciudadana, como la introducción en los planes de formación para funcionarios de cursos específicos con el propósito de que conozcan las causas, riesgos y soluciones en esta materia.


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