SEVILLA, 21 (EUROPA PRESS)
La Diputación de Sevilla ha aprobado ya, desde el pasado mes de abril con la constitución de la Mesa Provincial de la Sequía, 13,1 millones de euros para obras de emergencia en distintos municipios de la provincia para poder paliar los efectos de la falta de lluvias, con un 63,67% de estas obras encargadas a la empresa Tragsa, un 9,94% adjudicado a otras empresas y un 26,39% en trámite para su encargo y ejecución.
Esta inversión se distribuye, hasta ahora, en tres fases para su tramitación y ejecución, aprobadas en sesiones plenarias –ordinarias, extraordinarias y urgentes– celebradas entre junio y el pasado 16 de agosto, tal como han detallado fuentes de la institución provincial a Europa Press. En estos momentos, está en trámite el encargo de la tercera fase, por 3,48 millones para garantizar el abastecimiento en Guadalcanal (1,7 millones en concreto) y en Almadén de la Plata y El Real de la Jara (1,78).
Del resto de obras ya tienen encargo tanto la empresa de Transformación Agraria, SA (Tragsa), medio propio de la Diputación de Sevilla, como dos empresas privadas del sector. Tragsa se ocupará, en concreto, de la construcción de la infraestructura necesaria para el abastecimiento desde el nuevo sondeo en el Cerro de la Cruz con el depósito El Puntal, en la zona de Casariche-Sierra Sur (2,3 millones de euros).
Igualmente, asumirá la impulsión del Cerro de la Cruz hasta el depósito de Pedrera para garantizar el abastecimiento a Pedrera y a Aguadulce (950.000 euros); del abastecimiento al municipio y pedanías de El Castillo de las Guardas desde el embalse del Jarrama (3,95 millones de euros); y de la conexión del abastecimiento desde Brenes (Consorcio del Huesna) a Villaverde del Río (1,21 millones).
Las obras restantes se han adjudicado con carácter de urgencia a dos empresas privadas para la adecuación del sistema de bombeo en captación subterránea para abastecer a Coripe, con un presupuesto de 10.000 euros; y para la ampliación de toma y estación de tratamiento de agua potable en Badolatosa para abastecimiento de Casariche, con 1,3 millones de euros de inversión.
La diputada de Servicios Públicos Supramunicipales, Regla Martínez, ha destacado nuevamente que “se trata de inversiones financiadas a pulmón por la Diputación de Sevilla ante la necesidad de asegurar la calidad y abastecimiento de agua a la población de toda la provincia”. Según indica, “la Junta de Andalucía tiene mucho que decir en cuanto a la ejecución de obras hidráulicas, ya que así le obliga la Ley de Aguas de Andalucía, además de cobrar un canon específico para ello, obras que ha de aprobar el Consejo de Gobierno como de Interés para la Comunidad Autónoma”.
La diputada provincial ha concretado varios apartados del articulado legal que “respaldan y argumentan la competencia de la Junta de Andalucía en la ejecución de infraestructuras hidráulicas”. En primer lugar, el artículo ocho –Competencias del texto consolidado de la Ley Aguas de Andalucía (LAA) en su apartado f–, dice textualmente que corresponde a la Junta “la planificación, programación y ejecución de las obras hidráulicas de interés de la comunidad autónoma, sin perjuicio del ejercicio de competencias sobre las obras de interés general del Estado que éste le delegue”.
En segundo lugar, el artículo 11-5 –Funciones de la Administración Andaluza del Agua en materia de infraestructuras del agua de esa misma Ley–, insiste en que corresponde a la Administración de la Junta de Andalucía en el ámbito de aguas la competencia sobre la planificación, programación y ejecución de obras hidráulicas de interés de la Comunidad Autónoma de Andalucía, sin perjuicio del ejercicio de competencias sobre las obras de interés general del Estado que éste delegue.
Y en la misma línea, también los artículos 79 y siguientes de la LAA, en los que se crea el denominado canon de mejora de infraestructuras hidráulicas declaradas de interés de la Comunidad Autónoma, señalando el artículo 80 que los ingresos que proporcione este canon “quedan afectados a la financiación de infraestructuras hidráulicas declaradas de interés de la comunidad autónoma”.
“En estos días, hemos visto datos de un informe de Ecologistas en Acción sobre los ingresos de este canon, más de 1.008 millones de euros correspondientes a la última década, y de los que esta entidad especifica que hasta ahora solo están ejecutados 259 millones’, ha comentado Regla Martínez para quien “es imprescindible que el gobierno autonómico se ponga la pilas, porque hay muchas familias pasándolo realmente mal este verano tan intensamente caluroso”.
Al mismo tiempo que se han aprobado y encargado las citadas obras, desde la Diputación de Sevilla se han llevado a cabo otras acciones en emergencia y con carácter de urgencia para paliar el déficit de agua en distintos municipios de la provincia. Así, se han suministrado 226.800 litros de agua embotellada a las localidades de El Castillo de las Guardas y Guadalcanal; también agua potable en cisternas, hasta la fecha 1.350.000 litros, al municipio de Aguadulce; y seis unidades de depósitos de poliéster para abastecimiento urbano, con una capacidad de 12.000 litros, a Aguadulce, Pedrera y Guadalcanal.
De igual modo, se están realizando trabajos de emergencia en Guadalcanal necesarios para garantizar el abastecimiento de agua potable para el consumo humano, por valor de 142.000 euros; el suministro e instalación de un nuevo equipo de bombeo desde el embalse el Crispinejo hasta la estación de tratamiento de agua potable (ETAP) de El Castillo, con una inversión de 19.085 euros; y trabajos de control de cloración y otros necesarios para dar cumplimiento a las resoluciones de la Delegación Territorial de Salud y Familias sobre protocolo de vigilancia especial con indicación de acciones correctoras, por un total de 16.395 euros.
Martínez concluye que ‘desde la Diputación de Sevilla estamos haciendo todo lo que está en nuestra mano para paliar en lo posible la grave situación de sequía que está padeciendo parte de la población. Mientras, la Junta de Andalucía ni está ni se le espera, teniendo legalmente mucho que decir en la construcción de obras hidráulicas. Y ya no lo decimos solo nosotros. Hay otras entidades que lo están denunciando’.
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