VALLADOLID, 19 (EUROPA PRESS)
El Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Castilla y León ha reclamado este viernes una internalización para su gestión pública del servicio de transporte sanitario terrestre en la Comunidad de manera “eficaz y eficiente” tras la suspensión cautelar del proceso de licitación dictada por el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León (Tarcyl) tras el recurso presentado por el sindicato CGT.
Así lo han defendido este viernes la portavoz de Función Pública del Grupo, Yolanda Sacristán, y el portavoz de Presidencia, Luis Briones, quienes han ofrecido una rueda de prensa para valorar el pronunciamiento del Tarcyl y la situación del servicio en la Comunidad.
En concreto, Sacristán ha defendido que el servicio pase a ser prestado mediante gestión directa pública y no externalizándolo en manos privadas como ocurre ahora, algo por lo que, según ha sostenido, están optando “la mayoría de comunidades autónomas” y en cuyo proceso ya se haya inmersa La Rioja.
En este sentido, ha advertido de que la actual empresa concesionaria, Ambuibérica, ya sólo conserva la prestación del servicio, además de en Castilla y León, en Cantabria, pero en esta autonomía “se está estudiando la posibilidad de prescindir de esta empresa y que pase a ser prestado mediante gestión pública”.
La procuradora socialista ha criticado la decisión de la Junta de prorrogar el contrato actual de prestación con Ambuibérica hasta noviembre –algo que ha achacado a que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, estaba “más pendiente de convocar elecciones que de las necesidades de los castellanoleoneses”–, a pesar de que esta empresa “continúa adeudando miles de euros en horas extra a sus trabajadores”.
Una prórroga tras la que ha iniciado un nuevo expediente de licitación “a toda prisa” que ahora se encuentra paralizado por el Tarcyl debido a un recurso de CGT al que se suma otro presentado por UGT de León.
Por su parte, Luis Briones ha constatado el “claro tirón de orejas a la Junta de Castilla y León” por parte del Tribunal respecto a un contrato que supera los 736 millones de euros de dinero público y en el que “se podría estar vulnerando el interés general”. “El Tarcyl no hubiera intervenido si no hubiera visto posible una infracción o claros perjuicios a los intereses generales”, ha apostillado.
NUEVO HORIZONTE JURÍDICO Y POLÍTICO
Tras felicitar a este órgano de resolución por su “rapidez” a pesar de “los medios tan exiguos de los que dispone”, ha recalcado que con este pronunciamiento “se abre un nuevo horizonte político y jurídico” que “debe ser aprovechado por la Junta de Castilla y León”, a lo que Yolanda Sacristán ha añadido que “en sus manos está cambiar la dirección que han tomado”, ya que “están a punto de entrar en un callejón sin salida”.
Luis Briones ha asegurado que la oferta de la Junta de mejorar las condiciones de los trabajadores en el contrato a cambio de la retirada de este recurso ofrecida por su portavoz, Carlos Fernández Carriedo, demuestra que el Gobierno regional está “muy nervioso” ante el temor a una “estimación definitiva” del mismo por parte del Tribunal.
Debido a esto, ha apostado por que la Junta “debe dejar de hacer el ridículo” y ha criticado el “traje a medida” que la Administración autonómica hizo a Ambuibérica con este procedimiento. “Todo el mundo sabía para quién iba destinado, el pliego estaba lleno de errores con el consiguiente perjuicio para los trabajadores y desde el punto de vista jurídico parece que estaba mal cosido”, ha enfatizado el político socialista.
Briones ha insistido en la internalización del servicio frente a un servicio actual que resulta “caro, injusto e ineficaz”, pero en caso de que la Junta pretenda seguir “erre que erre por ese camino” de la externalización, ha pedido que al menos “desista definitivamente” del proceso en marcha y “haga un nuevo pliego que de verdad se escuche a los trabajadores y no sólo al interés particular de la empresa”, más cuando en el mes de septiembre el Tarcyl podría anularlo.
En este sentido, Yolanda Sacristán ha advertido de que el pliego del nuevo contrato no contempla una plantilla “suficiente” y recoge unos salarios “excesivamente bajos” que hace que muchos trabajadores “no lleguen al salario mínimo interprofesional”.
SENTENCIA DEL SUPREMO
Además, entiende que con esas condiciones no podría cumplirse la sentencia del Tribunal Supremo que en febrero de este año exigió computar como horas extra aquellas que pasaran de las 1.800 anuales previstas en el convenio colectivo y que en el caso de Castilla y León están “entre 1.992 y 2.016”.
La portavoz de Función Pública del Grupo Socialista considera que debería incrementarse la plantilla de trabajadores, cuestión que “no figura en el pliego”, en el que sin embargo sí aparecen diez puestos de personal directivo que no figuraban en el convenio, con salarios brutos anuales en algún caso de hasta 145.000 euros, “más que el presidente del Gobierno”, ha recalcado.
Asimismo, Sacristán ha señalado que en esta nueva licitación Ambuibérica ya no concurre con ese nombre, sino con el de HTGroup u otras empresas vinculadas a esta matriz, dados los “innumerables conflictos laborales y sentencias condenatorias” en que se ha visto inmersa.
La parlamentaria del PSOE también ha cuestionado funcionamiento de esta empresa en otras regiones como Aragón, Cantabria, Castilla-La Mancha, Pais Vasco o Comunidad Valenciana y ha criticado que la anunciada auditoría por parte de la Junta para evaluar la prestación del servicio se haya quedado en “puntuales revisiones preavisadas” que han permitido a la empresa “campar a sus anchas” e incumplir el pliego condiciones técnicas con el uso de ambulancias “de otras comunidades con miles de kilómetros”. “Han renovado la flota con desechos”, ha lamentado.
También ha advertido de los “problemas de pagos de nóminas” en otras autonomías de otras empresas que también concurren al nuevo proceso de licitación ahora paralizado, así como del peligro de que diferentes empresas se adjudiquen distintos contratos en cada provincia. “Si ya hay problemas de coordinación entre provincias con una sola empresa, imagínense con diferentes en cada una”, ha augurado Sacristán.
Por último, la procuradora ha acusado al PP de “recortar en servicios públicos” tras “anunciar a bombo y platillo” un nuevo contrato de transporte sanitario dotado con 808 millones de euros que posteriormente quedó reducido a sólo 736 y en el se redujo en 59 el número de ambulancias disponibles al tiempo que la Junta “infla los bolsillos de sus amigos con contratos de urgencia” como el de la realización de test de antígenos por más de seis millones y con uno de cuyos responsables “se reunía en secreto” el presidente del Gobierno regional mientras “se fotografiaba con el otro en París”, en alusión al viaje de Fernández Mañueco a la capital francesa para ver la última final de la Liga de Campeones.
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