MADRID, 19 (EUROPA PRESS)
Ángeles Triano, la madre del joven asesinado el verano pasado en un túnel del madrileño barrio de Pacífico, ha solicitado que se cambie la Ley del Menor y que se endurezcan las penas ante la inminente salida del centro de menores de los asesinos de su hijo.
Esta previsto que mañana sean puestos en libertad los tres menores implicados en el crimen de Isaac, un joven con síndrome de Aspergen que fue apuñalado por la espalda cuando iba con su patín por un túnel. Su salida se produce dado que la Ley del Menor impide que estén más de nueve meses internos en un centro de menores.
“Mañana me puedo encontrar a los asesinos de mi hijo cuando salga a comprar el pan”, ha subrayado a Europa Press Nines, quien reclama prisión permanente revisable para el único adulto que cumple prisión preventiva a la espera de la celebración del juicio oral.
Nines rehusa de reunirse con autoridades y su objetivo es mover la concienciación social para lograr un cambio en la normativa, renunciando también a poner en marcha una campaña de recogida de firmas como hizo en su día la madre de Sandra Palo. “No sirve de nada”, dice.
“Por el hecho de que tengan 17 años y 6 meses no son menos asesinos que uno que tenga 18 años. No se arrepienten de lo que hicieron y se jactan de ello”, ha lamentado.
Los menores vinculados al asesinato están internos en régimen cerrado en el centro de menores Teresa de Calcuta, ubicado en la localidad de Valdaracete y dependiente de la Comunidad de Madrid. Mañana vence el plazo de internamiento cautelar.
La Ley del Menor determina que los menores recluidos no pueden permanecer más de nueve meses internos. Ante tal previsión, Nines ha exigido que se tomen medidas para evitar su puesta en libertad.
La madre de la víctima, a través de su letrado, solicitará en el juicio prisión permanente revisable para el asesino al darse los requisitos que exige la ley para esta pena privativa de libertad.
Entre los requisitos figura que el asesinado sea una persona vulnerable por razón de alguna discapacidad y que el crimen lo haya cometido una persona que pertenezca a una organización criminal.
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