MADRID, 16 (SERVIMEDIA)
El Grupo Popular en el Congreso de los Diputados va a registrar proposiciones para aplicar una tarifa de la luz fija a las familias vulnerables, paralizar la prohibición de investigar la extracción de nuevos recursos energéticos y eliminar el IVA a los productores que donen alimentos a centros sociales, pero sigue apelando al consenso con las comunidades autónomas sin concretar sus propuestas alternativas a las del Gobierno para ahorrar un 7% de consumo energético.
El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local, Pedro Rollán, y el secretario general adjunto del Grupo Parlamentario, Guillermo Mariscal, convocaron este martes una rueda de prensa para desvelar propuestas del PP en materia energética, pero no se refirieron al ahorro de energía al que la Unión Europea obliga a España sino a paliar algunos de los efectos de la crisis sobre las familias.
Las detalló Mariscal, quien justificó la tarifa plana señalando que los actuales descuentos de entre el 20 y el 40% “parecen ya insuficientes”, porque, al estar basada en el pool energético, “no da estabilidad” a las familias a las que, denunció, la izquierda antes tildaba de víctimas de la “pobreza energética” pero ha eliminado este concepto de su vocabulario.
Respecto a los alimentos, abogó por hacer con ellos una suerte de “economía circular” y lamentó que sea más barato destruir un alimento que donarlo, de ahí la propuesta de suprimir el IVA a los fabricantes o agricultores que tengan ocasión de donar comida a los centros sociales o los bancos de alimentos.
Finalmente, el portavoz adjunto del Grupo Popular criticó que con la ley de Cambio Climático “es imposible” siquiera investigar a qué recursos minerales puede tener acceso España, por ejemplo el uranio y el litio, así que reivindicó permitir estas prospecciones siempre dentro de los principios de eficacia y seguridad para las personas y el territorio.
Mariscal interpreta que el Gobierno está protagonizando “una enmienda a la totalidad” a las propuestas en materia energética que llevó el PSOE a la moción de censura de 2018 en su afán por “politizar las tecnologías”. La última rectificación sería la referente a la interconexión con Francia, que el Ejecutivo ha pasado a bendecir tras reclamarla Alemania. Pero también le reclamó apostar por el biogás, mejorar la interconexión con Argelia y alargar la vida útil de las centrales nucleares.
“El Gobierno ha reducido la oferta de fuentes de energía para que acabáramos dependiendo precisamente del gas”, denunció, para concluir que “esa dependencia de Rusia la ha provocado el Gobierno”.
Sin embargo, en la rueda de prensa no se oyeron las propuestas concretas a corto plazo del PP para llevar a cabo el ahorro energético, pese a que Rollán en su intervención inicial aseguró que el ahorro “es algo en lo que todos participamos”.
Rollán quiso reivindicar que el PP, por boca de su presidente, Alberto Núñez Feijóo, fue “el primer partido en pedir un plan de ahorro energético que nos permitiese ahorrar de forma voluntaria para evitar recortar de forma obligatoria”, pero insistió en criticar el “decreto de improvisación energética” que aprobó el Consejo de Ministros “sin la más mínima voluntad de consenso, ni siquiera con las comunidades autónomas” que deben aplicarlo.
Así, instó al Gobierno una vez más a retirar ese plan y a convocar una Conferencia de Presidentes para aprobar un plan con el que todos estén de acuerdo y se valore la especificidad de todos los sectores afectados. Abogó por “medidas que, lejos de ser obligaciones, deberían ser recomendaciones y adaptables a todas las situaciones”, con fomento del autoconsumo y la compra centralizada de energía.
Preguntado por medidas concretas, simplemente apuntó que “es mucho más deseable apelar al compromiso individual que recurrir a la prohibición” y que el PP reclama una memoria técnica y económica para cuantificar si las medidas adoptadas llevarán al ahorro del 7%.
Sobre el hecho de que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, haya hablado de “censura energética” por parte del Gobierno, Rollán se mostró comprensivo pero no tajante. Interpretó que Ayuso “está manifestando el hartazgo de una parte mayoritaria de los ciudadanos” y, al final, que “todo lo que va aparejado con una prohibición es una censura”.
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