LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 15 (EUROPA PRESS)
El vicepresidente y consejero de Hacienda del Gobierno de Canarias, Román Rodríguez, ha señalado que el Ejecutivo regional ha pagado a sus proveedores en un promedio de 15,7 días durante el primer semestre de 2022, de tal forma que “da continuidad al escrupuloso” cumplimiento de sus obligaciones frente a terceros desde que inició el mandato en julio de 2019.
Rodríguez subraya así la “diligencia” de los diferentes departamentos autonómicos y centros directivos en la gestión de la responsabilidad de pagar “en tiempo y forma sus facturas, especialmente en circunstancias como las actuales, con una inflación desbocada que también ha condicionado” los precios que la Administración regional abona por sus suministros y servicios, por lo que insta a mantener el cumplimiento de una “exigencia legal que, a su vez, favorece” la actividad económica, según ha informado el Gobierno canario en nota de prensa.
En este sentido, ha incidido en la “importancia” que tiene para el tejido productivo canario que la Administración autonómica “cumpla con sus obligaciones, no en vano” es el principal actor económico de las islas, “con 10.000 millones de euros de gasto medio al año”.
Datos, agregó, con los que se debe entender “perfectamente lo importante” que es para la economía canaria que el Gobierno regional “esté al corriente de los pagos y no genere tensiones de caja” en las pymes, autónomos y empresas, que ha dicho “ya lo están pasando mal por la escalada de los precios”.
En relación con ello, expuso que según datos de la Intervención General de la Comunidad Autónoma, el Ejecutivo regional ha pagado en 17,8 días en el mes de junio, si bien en los anteriores cinco meses “nunca se superó este plazo”, apuntando que en enero se hizo en 14,2 días; en febrero en 15,2; en marzo en 14,5; en abril en 16 días y en mayo en 17,1.
Atendiendo a estos datos, matiza, que en la globalidad del mandato “solo en tres meses no se pudo cumplir” con el denominado formalmente Período Medio de Pago (PMP), que es un concepto “especialmente importante” en la contabilidad de las administraciones públicas, “no solo por su propio objeto, sino porque es uno de los criterios cuyo cumplimiento se exige en la Ley de Estabilidad Presupuestaria”, so pena de aplicarse por el Estado medidas de corrección, siendo esta la “única regla fiscal que no” se ha suspendido en los años 2020, 2021 y 2022.
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