MADRID, 11 (SERVIMEDIA)
España debe mejorar la coherencia de su respuesta multigubernamental frente al cambio climático con más acción por parte de las comunidades autónomas y los ayuntamientos -responsables de reducir más del 65% de las emisiones de CO2 que España desprende a la atmósfera- a través de medidas de mitigación, eficiencia, ahorro y adaptación.
Así se desprende del último informe del proyecto Life Unify, promovido por la coalición europea Red de Acción Climática (CAN, por sus siglas en inglés) y desarrollado por ONG ambientales repartidas por 10 países, entre ellas SEO/BirdLife en España.
El informe también subraya el papel protagonista que pueden tener las ciudades en la acción climática y apremia a la implementación de medidas a escala local. De igual modo, y en especial para los municipios de menor tamaño, recomienda que se destinen fondos y recursos técnicos, aprovechando las líneas de Next Generation, para dotar a las entidades locales de planes de descarbonización a la altura del desafío.
Al respecto, urge a que, en la próxima revisión del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (Pniec), que se espera para 2023, se incluyan indicadores y medidas clave para que los ayuntamientos, en el ejercicio de sus competencias, reduzcan emisiones.
Entre otras cuestiones, se puede medir el aumento de la energía fotovoltaica instalada en zonas edificadas, el rendimiento de las zonas de bajas emisiones y zonas peatonalizadas, el aumento de espacios que actúen como sumidero de carbono, el uso de transporte público o el aumento y uso de carriles bici.
“En un país descentralizado como el nuestro, la coherencia política entre diferentes niveles de gobierno es vital. Las comunidades autónomas cuentan con importantes competencias para combatir el cambio climático y, en un contexto de emergencia climática, es preciso que pisen el acelerador de la acción y de la coordinación”, indicó David Howell, responsable de Energía y Clima de SEO/BirdLife.
En el caso de leyes de cambio climático, Baleares, Cataluña o Andalucía cuentan con normas aprobadas y en fase de desarrollo posterior. Otras, como Asturias o Madrid, no tienen proyectos normativos de este tipo. En el resto, las leyes se encuentran en varias fases de elaboración o tramitación.
Respecto a planes o estrategias, mientras en Asturias, Cataluña, La Rioja y Madrid se encuentran en fase de estudios previos o tramitación, el resto de las autonomías cuenta con documentos en vigor con horizonte 2030 o, en los casos de Euskadi, Galicia y Navarra, 2050.
“Los municipios tienen un papel central en la aceleración de la acción climática y en el avance hacia una economía resiliente y descarbonizada”, apuntó Ana Márquez, responsable del proyecto Unify en SEO/BirdLife.
Según una reciente encuesta de SEO/BirdLife, un 40% de los 211 municipios españoles participantes en la misma carece todavía de Plan de Acción Climática.
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