MADRID, 11 (SERVIMEDIA)
El Grupo Popular ha presentado en el Senado una petición de comparecencias ante la Comisión Constitucional de exministros de los gobiernos de Adolfo Suárez como Rodolfo Martín Villa, Marcelino Oreja y Soledad Becerril, antes de tramitar la Ley de Memoria Democrática.
Además de Martín Villa, al que casi siempre son los grupos de izquierda los que quieren hacer comparecer en las instituciones, el PP ha pedido que pasen por el Senado los también exministros de los gobiernos de UCD Rafael Arias Salgado, Marcelino Oreja, Juan Antonio Ortega y Díaz-Ambrona y Soledad Becerril, así como la socióloga y exsenadora también de UCD Carmela García-Moreno Teixeira.
La portavoz del Grupo Popular en la Comisión Constitucional, también secretaria general del PP en la Cámara Alta, Amelia Salanueva, explicó que solicitan dichas comparecencias al considerar que son “personas relevantes de nuestra democracia que fueron protagonistas de la Transición desde distintas responsabilidades y posiciones políticas”. Con su testimonio, aspiran a cuestionar el proyecto de ley de Memoria Democrática, que les parece que contiene “taras y vicios sustantivos que lo inhabilitan como ley verdaderamente democrática”.
“No sólo es un insulto a las víctimas del terrorismo de ETA, sino también un insulto para todos los españoles”, criticó. “Este proyecto de ley lo escriben los representantes de los asesinos, secuestradores y extorsionadores que tanto daño han hecho a la sociedad española atacando la vida, la libertad y la democracia”.
En suma, en opinión de la portavoz popular, el proyecto de ley supone “un ataque frontal a nuestro régimen constitucional y un intento de deslegitimar la Transición y el pacto entre españoles”, que “siembra sospechas sobre todo el proceso que trajo la democracia a España y nuestro sistema de libertades y de bienestar, poniendo en duda la legitimidad y el carácter democrático de la Transición y de la propia Constitución Española”.
Salanueva preguntó si “acaso el Ejecutivo de Felipe González fue un Gobierno ilegítimo y heredero del franquismo”, puesto que la ley extiende hasta 1983 el tiempo hasta el que se podría solicitar la condición de víctima de la Transición.
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