SEVILLA, 7 (EUROPA PRESS)
La última estadística estatal sobre el transporte de viajeros en turismos refleja que al comenzar agosto, la provincia de Sevilla contabilizaba 2.091 licencias de taxi y 412 autorizaciones para vehículos de transporte concertado (VTC), toda vez que la provincia cerró el año 2021 con 2.347 taxis y 455 VTC, según los datos de diciembre del año pasado.
Así figura en el último recuento del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) sobre autorizaciones para el transporte de viajeros en turismos, fechado el pasado 1 de agosto y recogido por Europa Press, toda vez que tiempo atrás, la Junta de Andalucía aprobaba un decreto de modificación del Reglamento de los Servicios de Transporte Público de Viajeros en Automóviles de Turismo, para introducir medidas de modernización en el sector andaluz del taxi.
Principalmente, el decreto incorpora la posibilidad de ofrecer un precio cerrado para los servicios previamente contratados a través de una aplicación de telefonía móvil y la contratación del servicio por plaza (taxi compartido) en supuestos de gran demanda, para así abaratar el coste de los trayectos.
En paralelo, la Junta de Andalucía está en conversaciones con los representantes del sector de las compañías de vehículos de transporte concertado, muchas de las cuales operan para empresas de alquiler de coches con chófer como Uber y Cabify, al objeto de crear una regulación específica de dicho sector en Andalucía.
PETICIÓN A LA JUNTA
Respecto a este último aspecto, el gremio de taxistas de Sevilla viene reclamando que dicha regulación autonómica de los VTC incluya un tiempo mínimo de precontratación de al menos media hora entre la petición del servicio y el porte en sí, entre otras medidas.
Y es que el sector local del taxi acusa a los conductores de VTC de invadir su ámbito de actuación e incurrir en situaciones de “intrusismo”, pues la regulación estatal de los vehículos de transporte concertado prohíbe por ejemplo que sus conductores circulen a la búsqueda aleatoria de clientes o capten viajeros de manera espontánea.
En paralelo, los taxistas de Sevilla capital están reclamando la continuidad de la política de rescate de licencias acordada en 2016 entre el Ayuntamiento y las principales asociaciones del sector.
EL RESCATE DE LICENCIAS
En concreto, en aquel año fue acordado el rescate de 140 licencias de taxi a razón de 70.127 euros a abonar a cada taxista que renunciase a su licencia, para “la viabilidad económica de un sector especialmente afectado por la crisis y para ajustar la oferta a la demanda”, sobre todo en estas circunstancias de irrupción de nuevas modalidades de movilidad urbana, como por ejemplo los vehículos eléctricos de movilidad personal.
Empero, mientras el Ayuntamiento hispalense estudia fórmulas para cumplir dicha petición, un informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía recogido por Europa Press señala que la convocatoria de nuevos rescates de licencias de taxi con cargo a los fondos municipales “podría no encontrar justificación” en materia de “interés general”, al haber “variado sustancialmente las circunstancias socio económicas” a partir de las cuales fue impulsada dicha política.
En ese sentido, el concejal de Gobernación, Juan Carlos Cabrera, exponía tiempo atrás que se ha “planteado la alternativa” de un procedimiento de tanteo y retracto de las licencias, para lo cual media un proceso destinado a “determinar el valor de las licencias”, mediante un estudio actualmente en marcha.
NUEVO ESTUDIO SOBRE LOS TAXIS Y LOS VTC
Además, el Ayuntamiento hispalense promueve otro “estudio de análisis, diagnóstico económico y de viabilidad del servicio de auto-taxi” y de los VTC, así como de “rediseño de la imagen y propuesta de estrategias para la reactivación y potenciación de los taxis”.
La idea, según el Ayuntamiento hispalense, es “conocer el comportamiento actual de la demanda del servicio del taxi y la evolución previsible para poder llevar a cabo una ordenación, planificación y gestión adecuada a las necesidades de los usuarios y titulares de las licencias”; así como preparar la necesaria regulación de los VTC y asegurar “la convivencia” de ambos sectores y la “adecuada a la rentabilidad” de los mismos.
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