Ningún agente ha sido acusado de asesinato tras una operación errónea y plagada de negligencias, recuerdan los abogados de la víctima
MADRID, 5 (EUROPA PRESS)
Cuatro agentes de servicio y retirados de la Policía de Louisville, en el estado norteamericano de Kentucky, han sido acusados de violación de los derechos civiles y abuso anticonstitucional de la fuerza en las primeras imputaciones federales por la muerte en marzo de 2020 de la trabajadora sanitaria Breonna Taylor en una redada errónea y, según la acusación, repleta de negligencias encubiertas por la Policía.
Hasta ahora ningún agente ha sido acusado de asesinato por la muerte de Taylor, que recibió al menos cinco balazos cuando varios agentes de paisano irrumpieron en la vivienda que compartía con su novio, Kenneth Walker, que confundió a los agentes con intrusos y disparó a uno de ellos en la pierna.
La respuesta a tiros de los agentes acabó con la vida de la trabajadora sanitaria, de 26 años y raza negra, en el detonante de nuevas protestas contra la violencia policial y el racismo institucional en Estados Unidos.
Walker ha sido eximido de cualquier cargo después de que un tribunal entendiera que actuó dentro de límites razonables en cumplimiento de la ley estatal “Defiende tu sitio”, que permite el uso de fuerza letal en casos de allanamiento.
Así pues, el exdetective Joshua Jaynes, de 40 años, la detective Kelly Goodlett y el sargento Kyle Meany, de 35 años, han sido acusados primero de presentar una declaración jurada falsa para registrar la casa de Taylor antes de la redada, y segundo de conspirar juntos para encubrir la falsedad de la mencionada declaración.
Asimismo, el exdetective Brett Hankison, que abrió fuego desde el exterior de la casa sin una línea de fuego clara, ha sido acusado de “usar fuerza excesiva de manera anticonstitucional al disparar su arma reglamentaria a través de material opaco”, lo que además puso en peligro a los vecinos del apartamento, según ha explicado el fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland.
Jaynes, Meany y Goodlett, por su parte “solicitaron una orden judicial para registrar la casa sabiendo que carecían de causa probable para el registro. Los acusados sabían que la declaración jurada en apoyo de esa orden contenía información falsa y engañosa”, ha añadido Garland en su anuncio del pliego de cargos.
El fiscal general se refirió específicamente a Jaynes y Goodlett, a los que acusó de mentir a la hora de justificar la redada en el hecho de que el objetivo de una operación de narcotráfico había recibido paquetes en la dirección de Taylor.
“Los dos acusados sabían que eso no era cierto”, ha asegurado Garland, quien ha querido puntualizar que “los agentes que llevaron a cabo la orden de allanamiento no participaron en la redacción de la orden y no sabían que contenía información falsa”.
No obstante, en enero de 2021, el Departamento de Policía despidió a Jaynes y a su colega Myles Cosgrove, este último responsable según la investigación del disparo que acabó con la vida de Taylor, por abuso de fuerza letal al descargar 16 disparos sin activar la cámara corporal que habría permitido registrar todo el suceso.
Según el Departamento de Justicia, una condena por el cargo de violación intencionada de los derechos de una persona conlleva una pena máxima de cadena perpetua cuando la violación conduce a la muerte. Una condena por obstrucción conlleva una pena máxima de 20 años, y los cargos de conspiración y declaración falsa conllevan cada uno de ellos penas máximas de cinco años.
El fiscal general ha recordado que los cargos anunciados este pasado jueves son independientes de la investigación de que se está llevando a cabo sobre las autoridades locales y el Departamento de Policía de Louisville, anunciada el 26 de abril.
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