La fórmula elegida consiste en una concesión con un plazo máximo de 40 años
MADRID, 5 (EUROPA PRESS)
La Comunidad de Madrid ha abierto el plazo para la concesión del contrato para la construcción, conservación y explotación de la nueva Ciudad de la Justicia del Partido Judicial de Madrid, según se publica hoy en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM).
El valor estimado del contrato será de 2.847.986.667,47 euros. La dirección a la que deberán transmitirse las ofertas son la presentación de ofertas se realizará por medios electrónicos especificados en el Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid.
Esta gran infraestructura se convertirá en el principal hito del Plan Justicia 21×21, una iniciativa de modernización y humanización de la Administración de Justicia en Madrid diseñado por el Gobierno autonómico. Se calcula que dará servicio diario cuando entre en funcionamiento a más de 30.000 personas, entre usuarios, funcionarios, empleados y operadores del sector.
La fórmula elegida por la Administración regional para la Ciudad de la Justicia consiste en una concesión con un plazo máximo de 40 años. El canon asciende, como máximo, a 49,3 millones de euros -más IVA-, cantidad que no será sometida a revisión y sólo en un 20% de la misma- hasta el octavo año del contrato. Además, esta cuantía solo será examinada nuevamente hasta que el licitador recupere la inversión realizada, y podrá ser rebajada por los licitadores en la oferta que presenten.
PERMITIRÁ UN AHORRO DE MÁS DE 20 MILLONES
Esta cifra supondrá para las arcas públicas de la Comunidad de Madrid un ahorro superior a los 20 millones de euros respecto a los 72 que invierte anualmente el Gobierno autonómico en la prestación del mismo servicio, incluyendo, entre otros gastos, arrendamientos, vigilancia, limpieza, suministro eléctrico o archivo.
DOTACIONES PREVISTAS EN EL COMPLEJO
El complejo contará con dotaciones como aparcamientos, edificios para usos profesionales, centros deportivos, de ocio y salud, cafeterías y una escuela infantil, todo ello encaminado a la conciliación laboral y familiar y para mejorar la calidad de vida de sus usuarios.
Uno de los principales criterios que van a tener en cuenta los técnicos de la Consejería a la hora de valorar las ofertas que se presenten es la accesibilidad universal y la supresión de barreras arquitectónicas para cualquier persona que tenga una discapacidad. Se trata de uno de los objetivos del Plan Justicia 21×21 de modernización y humanización de las infraestructuras judiciales.
También sumarán puntos las propuestas que se comprometan a alcanzar los máximos objetivos en materia de eficiencia energética. Entre ellos, que el 100% de la electricidad que se consuma y suministre en la Ciudad de la Justicia proceda de fuentes de energía renovables y de cogeneración.
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