MADRID, 03 (SERVIMEDIA)
La Fiscalía de Madrid ha solicitado el archivo de la causa sobre los afectados por la exposición a amianto en Metro de Madrid, que ha ocasionado 13 muertos, por la imposibilidad de atribuir un delito contra los derechos de los trabajadores a “ninguno de los investigados ni a ninguna persona conocida”.
La fiscal decana de Seguridad y Salud Laboral de la Fiscalía Provincial, Alejandra Navarro Herrera, firma un escrito remitido al Juzgado de Instrucción número 23 de Madrid en el que solicita el archivo después de que los sindicatos, Metro de Madrid y la Asociación de Víctimas del Amianto (Avida) llegaran a un acuerdo económico con repercusión judicial.
Ese acuerdo supondrá el pago de alrededor de 200.000 euros tanto a las familias de los fallecidos como de otros siete afectados, y de entre 66.650 y 115.525 a los hijos. Además, se indemnizará con estas mismas cuantías a posibles futuras víctimas y Metro se compromete a desistir de todos los procedimientos existentes ante la Jurisdicción Social.
Entiende la fiscal que no se tomaron medidas preventivas ni de vigilancia de salud de los empleados expuestos al amianto, aunque no se ha podido acreditar que ninguno de los investigados “o persona conocida omitieran dolosamente la adopción de medidas de seguridad frente al amianto o que ocultaran intencionadamente su existencia”.
Ninguno de ellos tuvo “control sobre el riesgo” tala como para afirmar sin dudas que tuvieran conocimiento de la situación de riesgo y que podrían haber tomado medidas diferentes a las que realizaron. También es difícil determinar las responsabilidades de una empresa de estructura compleja como Metro a la que resulta difícil atribuir una responsabilidad penal.
Pese a ello, la fiscal entiende que “Metro Madrid S.A. expuso a un peligro sumamente grave a los trabajadores, dado que conocía la existencia de amianto en lugares y equipos desde el año 2003 y que los trabajadores realizaban trabajos con riesgo sobre este material altamente peligroso”.
Añade que “la ocultación del riesgo a los trabajadores supuso una desprotección absoluta y un desprecio intolerable a su seguridad. No se alcanza a entender cómo se adoptaron medidas durante los años 2003 a 2006 para eliminar el riesgo de amianto durante tres años y después se efectuaran trabajos sobre material con amianto sin haber evaluado ni planificado el riesgo de exposición al amianto”.
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