MADRID, 19 (EUROPA PRESS)
La ONG Human Right Wacth (HRW) ha reiterado este martes a las autoridades de Tailandia que retiren los cargos contra los activistas que se encuentran en prisión preventiva desde hace más de tres meses por presuntos delitos de ofensa a la monarquía y lesa majestas.
Dos de las activistas, Netiporn ‘Bung’ Sanesangkhom y Nutthanit ‘Bai Por’ Duangmusit, han estado en huelga de hambre desde el pasado 2 de junio para protestar contra su prisión preventiva en la Institución Correccional Central de Mujeres de Bangkok, según ha detallado la organización.
El 18 de julio, las dos activistas colapsaron durante un interrogatorio en el juzgado de primera instancia del sur de Bangkok, debido a fuertes dolores de estómago y fatiga, motivo por el cual la ONG ha solicitado que sean trasladadas “de inmediato” a un hospital donde puedan recibir “la atención médica adecuada”.
“Las autoridades tailandesas deberían abandonar los casos por motivos políticos contra Netiporn, Nutthanit y otros acusados por sus protestas pacíficas para reformar la monarquía”, ha afirmado el director en Asia de HRW, John Sifton.
“El Gobierno tailandés está castigando duramente a estos activistas manteniéndolos innecesariamente en prisión preventiva prolongada en lugar de liberarlos antes del juicio”, ha añadido el director por Asia de la organización.
Netiporn, de 26 años, y Nutthanit, de 20, están afiliadas al grupo prodemocracia Thalu Wang, donde han abogado regularmente por reformar la monarquía del país. Las autoridades los han acusado de varios delitos penales, incluido el de lesa majestad, por realizar una encuesta de opinión pública el 8 de febrero de 2022 sobre las caravanas reales. Desde el 3 de mayo, las autoridades los mantienen en prisión preventiva , y esa detención se ha extendido en varias ocasiones, según ha detallado HRW.
En Tailandia, cometer un delito de lesa majestad se castiga con hasta 15 años de prisión, según el artículo 112 del Código Penal.
El número de casos de lesa majestad en Tailandia ha aumentado significativamente en el último año, ha señalado la organización, que ha detallado que, después de una pausa de casi tres años en los que los casos de lesa majestad no se llevaron ante los tribunales, en noviembre de 2020 el primer ministro, el general Prayut Chan-ocha, ordenó a las autoridades que restablecieran los juicios por tal delito.
Desde entonces, las autoridades han acusado a más de 200 personas por arremeter contra la monarquía tailandesa.
“El Gobierno tailandés debería permitir la expresión pacífica de todos los puntos de vista, incluidas las preguntas sobre la monarquía (…) Las autoridades de Tailandia deberían comprometerse con los expertos de Naciones Unidas y otros para modificar la ley de lesa majestad para que cumpla con las normas internacionales de derechos humanos”, ha agregado Sifton.
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