Sánchez Haro apuesta en Jaén por cambios que eviten la situación actual, en la que el 80% de los beneficiarios se reparten sólo el 20% de los fondos
El consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Rodrigo Sánchez Haro, ha reclamado una redistribución de las ayudas directas de la Política Agrícola Común (PAC) encaminada a incrementar lo que reciben los pequeños y medianos agricultores, que son la inmensa mayoría de los beneficiarios (el 80%) y sin embargo sólo perciben el 20% de estos fondos. Por ello, ha insistido en que es “una cuestión de justicia” establecer una limitación máxima a los incentivos por beneficiario (capping) para corregir la situación actual, en la que el 1,25% de los perceptores ingresa más de una cuarta parte (el 27%) de estas ayudas directas. El objetivo, ha subrayado, es un reparto “más justo y equitativo”.
Así lo ha manifestado Sánchez Haro durante su intervención en las jornadas ‘La PAC que necesita el olivar jiennense’, promovidas por el Instituto de Estudios Giennenses (IEG) y en las que ha insistido en que esta redistribución debe de tener como condición irrenunciable que el importe detraído a los que más reciben “se quede en la misma región, porque no podemos perder ningún recurso”. De esta manera, lo que se persigue es una PAC “socialmente más justa”, ya que la mayor parte de las ayudas directas está ahora en pocas manos, “una situación desproporcionada que necesariamente hay que corregir”: hoy por hoy, 3.000 agricultores se reparten 370 millones de euros cada año, mientras que otros 171.000 reciben sólo 274 millones en ayudas.
El consejero también se ha mostrado tajante al reclamar un “reconocimiento expreso” de la PAC al pequeño agricultor que complementa su renta con otra actividad, “por su enorme función social, económica y ambiental”. A su juicio, además de la oposición “frontal” al recorte del 16% de los fondos que plantea la Comisión Europea, reconocida por la propia Comisión de Presupuestos del Parlamento Europeo y que requiere “contundencia y firmeza” en la negociación por parte del Gobierno central, “vamos a defender el apoyo a estos beneficiarios pluriactivos, porque son fundamentales para el mantenimiento de una actividad agraria que aporta biodiversidad y fija población en el medio rural”.
El olivar, del que dependen unas 250.000 familias de más de 300 municipios en Andalucía es un “ejemplo claro” de este modelo sostenible que, como tal, “requiere un refuerzo de las ayudas directas de la PAC a los pequeños agricultores”. Los pagos a aquellos que tienen en el campo sólo una pequeña parte de su renta son, para él, “indispensables”, en la medida en que “contribuyen a mantener la actividad agraria en el territorio y evitan el despoblamiento”. Sánchez Haro aboga, en este sentido, por que esta figura se recoja también en los reglamentos y no se deje a los Estados miembro la opción de excluir o minimizar su papel.
Planes estratégicos
Junto a ello, el responsable del Gobierno andaluz ha apuntado que es primordial que los planes estratégicos sean diseñados por cada región, con una financiación asociada al mismo en forma de cheque, así como que “los esfuerzos ambientales adicionales se llevan a cabo con apoyos adicionales”. Con esto último, Rodrigo Sánchez ha enlazado con los tipos de olivar que “merecen más” para asegurar su progreso sostenible y cumplir los objetivos que la propia Comisión Europea marca, en alusión a la “oportunidad” de la ayuda asociada para el olivar de montaña y bajo rendimiento “que defendemos desde Andalucía y para la cual ya hicimos en 2016 una propuesta con sólidos criterios técnicos que el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y otras comunidades se negaron a debatir”.
Andalucía es una de las regiones europeas que más expedientes gestiona de ayudas de la Política Agrícola Común. El pasado 11 de mayo, de hecho, se cerró la campaña de la solicitud única de 2018 con más de 238.000 peticiones registradas. Jaén, que cada año recibe más de 360 millones de euros de ayudas directas (que se suman a los 90 millones asignados en el marco del Programa de Desarrollo Rural 2014-2020), se confirma como la provincia con mayor número de solicitudes, más de 89.000, el 37% del total (seguida de Córdoba, con el 17%, y Granada, con el 15%). De ellos, 10.600 cobran menos de 1.250 euros, frente a los 23.000 de la campaña anterior, una reducción motivada, según Rodrigo Sánchez, por el aumento del límite mínimo de subvenciones y la falta de flexibilidad del régimen de pequeños agricultores. Este daño, alerta el consejero, “se acentuaría aún más con un hipotético incremento del umbral mínimo de ayudas, fijado actualmente en 300 euros”.
El dato positivo reside, en palabras de Sánchez Haro, en que la cifra de jóvenes que solicitan el pago adicional en Andalucía ha crecido en un 28%. En este punto, ha recordado que estas ayudas, gracias al Reglamento Ómnibus, se duplican en el presente ejercicio: el importe pasa del 25 al 50% de los derechos de pago básico durante los primeros cinco años. Esta subida, “apoyada por la Junta y aprobada por la Unión Europea, hace más atractiva la incorporación”. El relevo en el campo, de hecho, “es una prioridad” para la Administración autonómica. Así lo demuestra, ha señalado, el hecho de que “somos la comunidad que mayor esfuerzo hace para fomentar la incorporación de savia nueva, con 155 millones de euros puestos a disposición en sólo dos convocatorias”, lo que va a permitir la incorporación al sector de más de 2.500 jóvenes.
Apoyo al olivar andaluz
El olivar, con más de 1,5 millones de hectáreas y el 40% del empleo agrario en Andalucía, generó en 2017 un valor de producción de más de 3.800 millones de euros y batió un nuevo récord de exportaciones con ventas al exterior por más de 3.400 millones de euros. Dos de cada cinco litros de aceite de oliva que se consumen en el mundo proceden de la comunidad autónoma, con Jaén, donde supone más del 87% de la producción agraria y más de 1.600 millones de euros, como punta de lanza. Esta provincia, en lo que va de campaña, ha producido ya más de 386.000 toneladas de aceite de oliva, más del 40% de la cosecha de la región. Asimismo, ha exportado entre octubre de 2017 y marzo de 2018 por valor de 77 millones de euros a destinos como Italia, Japón, Portugal, Francia o Estados Unidos, a un ritmo de 17.700 euros por hora.
La importancia estratégica del olivar tiene su reflejo en el “compromiso total” del Gobierno andaluz. No en vano, como ha detallado el titular de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, “pusimos en marcha la Ley del Olivar, con un subprograma específico dotado con más de 300 millones de euros”. De igual modo, la Ley de Agricultura y Ganadería de Andalucía, que comienza ahora su tramitación parlamentaria, “reforzará al sector en cuestiones como el equilibrio en la cadena de valor, el empleo o la participación y asesoramiento de las organizaciones en la política agraria andaluza”.
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