El acuerdo entre las dos instituciones, incluido en el Pacto Regional, concreta los recursos a destinar y las condiciones concretas del realojo
La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha firmado hoy viernes, 11 de mayo, junto con el presidente en funciones de la Comunidad, Ángel Garrido, el convenio de realojo para la denominada zona sin asfaltar del Sector 6, (tramo entre la incineradora de Valdemingómez hasta el final del término municipal de Madrid con Getafe), contemplado en el Pacto Regional por la Cañada Real Galiana, suscrito en mayo de 2017.
El convenio de realojo ha sido rubricado por el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid. En él han quedado determinados los recursos que cada una de las dos Administraciones públicas destinarán y las condiciones en las que se va a desarrollar.
Por parte del Gobierno municipal han acudido, junto a la alcaldesa, el segundo teniente de alcalde y delegado de Coordinación Territorial y Cooperación Público-Social, Nacho Murgui, como responsable de las actuaciones del Ejecutivo local en la Cañada Real, y el concejal de Puente de Vallecas y Villa de Vallecas, Francisco Pérez Ramos. El presidente en funciones de la Comunidad ha estado acompañado por la viceconsejera de Presidencia y Justicia, Isabel Díaz Ayuso; la consejera de Transportes, Vivienda e Infraestructuras, Rosalía Gonzalo; el viceconsejero de Transportes, Vivienda e Infraestructuras, Jesús Valverde, y la viceconsejera de Políticas Sociales y Familia, Belén Prado. También acudió el alcalde de Rivas-Vaciamadrid, Pedro del Cura.
La alcaldesa de Madrid ha destacado la importancia de los vecinos en todo este proceso: “No se habría conseguido si vosotros no hubierais dicho: ¡hasta aquí hemos llegado, ya está bien¡ No se puede tolerar que en una ciudad haya subciudades, submundos, lugares de subdesarrollo. Y vosotros que lleváis tantos años aquí nos lo habéis dicho. ¿Y cómo no os íbamos a escuchar? Claro que sí, era nuestra obligación”.
Carmena ha resaltado también el modelo de trabajo para llegar hasta la firma de este convenio: “Aparte de que nuestra obligación era trabajar con los vecinos y escucharles, ha sido una buena idea cómo lo hemos hecho: nombrando a comisionados para que no se rompiera la relación necesaria entre la voluntad política y la realidad de la ejecución”.
Palabras de agradecimiento a los vecinos también por parte del Comisionado para la Cañada Real del Ayuntamiento de Madrid, Pedro Navarrete, “porque son con los que se va a trabajar”. “Tenemos familias que necesitan una vivienda digna. Es importante que se les apoye desde las instituciones para conseguir esa integración y salir de esta zona tan degradada como la elegida para empezar con los realojos. Posiblemente sea la zona más degradada de toda la Cañada”, agregó Navarrete.
Una de las vecinas de las 150 familias que van a ser realojadas, Asunción, se ha mostrado muy contenta porque por fin van a tener una vivienda digna donde “demos una llave y se encienda una bombilla y que abramos un grifo y nos caiga un chorrito de agua sin tener que esperar a los jueves para que nos venga el camión del agua”.
Por su parte, el presidente en funciones de la Comunidad de Madrid ha destacado el consenso con el que se ha llegado hasta esta firma del convenio de realojo “fruto de la voluntad de dialogo del Ayuntamiento y la Comunidad, para acordar la que sea la mejor fórmula para el realojo y para sus vecinos. Se ha apostado por la colaboración institucional, que es la mejor garantía de éxito”. “Hemos logrado que todos los Ayuntamientos se involucren y que haya unanimidad también en la Asamblea. Esta voluntad de diálogo y de consenso con todos los partidos, Ayuntamientos y vecinos es lo que nos permite abordar con garantía de éxito esta transformación de la Cañada Real”, recalcó Garrido.
El Comisionado de la Comunidad de Madrid para la Cañada Real, José Antonio Martínez Páramo, ha recordado que la fuerza del Pacto Regional y de este convenio viene determinada por la unanimidad de todos los grupos políticos: “La foto que hoy estoy viendo desde aquí es una foto que nunca antes se había dado en la Cañada. Ver a todas las Administraciones, de todos los colores políticos, a los alcaldes, a los consejeros, a los vecinos y a las entidades sociales en una misma foto es lo que le da fuerza.”
Realojo para las familias más vulnerables de Cañada Real
Tras la firma alcanzada hoy, se iniciará el desmantelamiento de la llamada zona sin asfaltar del Sector 6. Debido a las circunstancias excepcionales de ausencia de las mínimas condiciones de habitabilidad, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid se comprometieron en el Pacto Regional a implementar los mecanismos de realojo adecuados para la población que se encuentre en situación de extrema vulnerabilidad.
La población afectada ha sido cuantificada en un máximo de 150 familias de acuerdo a los datos del estudio de la Agencia de la Vivienda Social de 2016, organismo competente en materia de erradicación del chabolismo, realojo e integración social de las personas y familias afectadas para todo el territorio de la Comunidad de Madrid. Los realojos, de acuerdo a lo recogido en el Pacto Regional, garantizarán la reubicación dispersa en el conjunto de la región a todas las familias que cumplan con una serie de requisitos:
Residir el solicitante y los miembros de la unidad familiar dentro del ámbito del asentamiento antes del 31 de diciembre de 2011.
Ser el solicitante mayor de edad o emancipado y no encontrarse incapacitado.
En el caso de convivir más de una familia con hijos a su cargo en la misma vivienda se podrá estudiar el realojo de cada familia en una vivienda independiente.
La cuantía de los ingresos deberá ser inferior en cómputo anual a 3,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM).
Que ni el solicitante ni ningún miembro de la unidad familiar ostente el pleno dominio o un derecho real de uso o disfrute sobre otra vivienda, con salvedades (herencia, separación o divorcio, custodia compartida, víctima de violencia de género, viviendas adaptadas).
Con carácter general, no ser ni haber sido adjudicatario, como titular de vivienda de protección oficial o promoción pública, ninguno de los miembros de la unidad familiar en todo el territorio nacional en los últimos 20 años anteriores a la fecha de solicitud de vivienda.
No haber rechazado ninguna vivienda ofertada por la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid o de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo del Ayuntamiento para su realojamiento en los últimos 10 años.
No tener bienes muebles o inmuebles por valor superior a 9 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM)
En caso de que fuera necesaria una intervención sobre un número de familias superior a estas 150, el convenio incluye el estudio de la situación en la comisión de seguimiento, que fijará criterios objetivos sobre las actuaciones a implementar.
El convenio tiene una vigencia desde el día de su firma hasta el 31 de diciembre de 2019, con posibilidad de acordar su prórroga por el periodo máximo legalmente permitido. La prórroga quedaría vinculada a los objetivos de integración social del convenio.
Reparto competencial de actuaciones
Para llevar a cabo las actuaciones contempladas en el convenio, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid crearán una bolsa de viviendas, en la que cada administración aportará el 50%. Los gastos de adecuación correrán a cargo de cada institución y se financiarán con la aportación de cada una de ellas. La gestión de esta bolsa será conjunta entre ambas administraciones.
El Ayuntamiento de Madrid tiene competencia en materia de urbanismo para la tramitación y resolución de expedientes administrativos, para el desalojo y demolición de construcciones ilegales por razones de seguridad, salubridad y sanidad. Por lo tanto, el Gobierno de la ciudad:
A través del Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible, realizará los procedimientos necesarios de disciplina urbanística.
Liquidará los costes de demolición. Ante insolvencia o necesidad económica, lo asumirá la Comunidad de Madrid.
Incorporará el 50% de la bolsa de viviendas vía órgano o entidad municipal competente o que el Gobierno municipal asigne, con un máximo de 75 en el municipio de Madrid.
Formalizará los contratos de arrendamiento de las 75 viviendas propias y ejercerá las labores de propietario.
Llevará a cabo el seguimiento de las familias realojadas en las viviendas propias.
Realizará las aportaciones económicas pactadas: 9 millones de euros en dos años.
Por su parte, la Comunidad de Madrid tiene competencia exclusiva en materia de ordenación del territorio, urbanismo y vivienda y protección y ayuda a grupos sociales necesitados de especial protección. Los servicios sociales de la Comunidad de Madrid tienen entre sus funciones la protección de las minorías, atención social primaria, desarrollo de programas comunitarios, programas y actividades para prevenir la exclusión y facilitar la reinserción social. Y la Agencia de Vivienda Social (Organismo Autónomo Mercantil), tiene las funciones atribuidas del anterior IVIMA (Instituto de la Vivienda de Madrid) y tiene personalidad jurídica independiente. Por lo tanto, la Comunidad de Madrid:
Iniciará y tramitará expedientes administrativos de realojo.
Asegurará los terrenos una vez ejecutadas las demoliciones.
Preparará a las familias para su paso a viviendas incluidas en el ámbito del convenio.
Incorporará el 50% de la bolsa de vivienda con un máximo de 75 viviendas (15 en el municipio de Madrid).
La Agencia de la Vivienda Social formalizará los contratos de arrendamiento de las 75 viviendas propias y ejercerá las labores de propietario.
Llevará a cabo el seguimiento de las familias realojadas en las viviendas propias.
Realizará las aportaciones económicas pactadas: 9 millones de euros en dos años.
Comisión de seguimiento
Para garantizar la consecución de los objetivos establecidos en el convenio y la resolución de los problemas de interpretación o cumplimiento que puedan plantearse se constituirá una comisión de seguimiento que estará integrada por ocho miembros. Cuatro de sus miembros serán designados por la Comunidad de Madrid y otros cuatro por el Ayuntamiento de Madrid (uno perteneciente al Comisionado para Cañada Real del Ayuntamiento, dos del Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, y uno en representación del Área de Desarrollo Urbano Sostenible). La comisión se reunirá, como mínimo, dos veces al año y siempre que una de las partes así lo solicite.
La presidencia y la secretaría de la comisión rotarán anualmente entre las dos administraciones, debiendo pertenecer la presidencia y la secretaría a la misma administración. En el año 2018, la presidencia y la secretaría corresponderán a la Comunidad de Madrid, estableciéndose sobre este hecho las sucesivas rotaciones. El secretario ostenta la condición de miembro del órgano, por lo que tendrá voz y voto./
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